sábado, 21 de junio de 2008

POR OSVALDO BAYER.

Cuando uno lee las noticias de la Argentina, comprueba que la Sociedad Rural acompañada por otras organizaciones, que en conjunto siguen siendo dueños y señores de la tierra (algunos más, otros mucho menos, pero están juntos), hacen un “paro” patronal. La tierra, que significa el pan, que no tendría que pertenecer a nadie sino a todos, es de ellos. Esa tierra que tendría que ser de todos, como la sombra de los árboles en verano, como los caminos, como los ríos, como el derecho a la enseñanza, como el derecho a la salud. Causa hasta vergüenza que ninguno de nuestros gobiernos haya ido a golpear a la puerta de la Sociedad Rural y les haya preguntado: ¿de dónde tienen ustedes la tierra, quién se las otorgó, cómo llegaron a ella? La pregunta que tendríamos que hacerles todos a los estancieros, los latifundistas. ¿Cómo es posible que ningún Congreso nacional en toda su historia haya tratado el tema de los títulos de la propiedad de las pampas increíblemente fértiles e interminables o haya nombrado una comisión que estudiara a fondo cómo llegaron esos señores a la posesión de tales extensiones? No, no se hizo nunca. Se aceptó a libro cerrado esa historia terriblemente injusta y cruel. De eso no se habla. Y todos concurrieron a inaugurar el monumento a Julio Argentino Roca, el que dictaminó la muerte al “salvaje o bárbaro”. Y cómo después va a comenzar el otro capítulo, el de la explotación de los verdaderos trabajadores de la tierra, los “peones en negro”, como es habitual. Peones y sirvientas no entran por la puerta del Derecho.

Es hora de llamarlos a rendir hoy cuentas de cómo sus antepasados obtuvieron esas tierras. Sin ninguna duda, la mayoría fue después de la campaña de Roca, con el exterminio de los habitantes originarios. Lo dice toda la documentación histórica. Fue la Sociedad Rural presidida por José Martínez de Hoz –apellido bien conocido por los argentinos– quien va a apoyar y promover la campaña de Roca, por ejemplo, ofreciéndoles las “mejores caballadas” de los estancieros. Después del genocidio se otorgaron más de 41 millones de hectáreas a 1843 estancieros, entre ellos a la familia Martínez de Hoz, que recibió nada menos que 2.500.000 hectáreas. Y luego en la lista de beneficiarios estaban los Anchorena, Leloir, Temperley, Atucha, Ramos Mejía, Miguens, Unzué, Llavallol, Señorans, Martín y Omar, Real de Azúa, Luro, etc. Todos apellidos de la “aristocracia” de la tierra. El general Roca se quedará con 65.000 hectáreas, para “empezar”, y se otorgarán otras 7.450.000 hectáreas a los militares autores del genocidio. Lo dice el propio Domingo Faustino Sarmiento, en el diario El Censor del 18.XII.1885, textual: “Es necesario llamar a cuenta al presidente y a sus cómplices en estos fraudes inauditos. El presidente Roca, haciendo caso omiso de la ley, cada tantos días remite por camadas a las oficinas del Crédito Publico órdenes directas, sin expedientes ni tramitaciones inútiles, para que suscriba a los agraciados, que son siempre los mismos, centenares de leguas”. Por eso, durante la Década Infame, los conservadores levantaron el monumento a Roca en la Diagonal Sur de la Capital. Y ahí estaban todos, en primera fila los miembros de la Sociedad Rural. El mismo Roca aprobará la Concesión Grünbein, por la cual se otorgaron miles de hectáreas en la Patagonia principalmente a ingleses provenientes de las islas Malvinas. Que financiaron a los “cazadores de indios”. Una libra esterlina por par de orejas de tehuelches. La Sociedad Rural también apoyó firmemente la represión de los peones rurales patagónicos en la matanza de 1921 para no hablar de su influencia en la política de los centros provinciales.

¿Cómo es posible que jamás en la Argentina se haya intentado una reforma agraria? Seguimos aceptando un régimen que pertenece al medievo. Se tiene que dictar una ley poniendo una valla a la posesión, un máximo de hectáreas y dar preeminencia a las cooperativas de productores. Para ello, crear escuelas en cada ciudad del interior de más de cincuenta mil habitantes sobre administración del campo, ciencias agrícolas y ganaderas, para que los hijos de los trabajadores de la tierra puedan ya ser los técnicos futuros del campo.

Nada se arregla ahora con bajar o subir las retenciones, sino que la única solución es democratizar la posesión de la tierra. Y que sean esas mismas cooperativas las que se encarguen de la comercialización de sus productos.

Es lamentable que la Federación Agraria, aquella del Grito de Alcorta, no haya continuado su lucha de hace un siglo y que hoy busque como aliados a quienes están en la vereda de enfrente. Me viene a la memoria el movimiento del campo iniciado por integrantes de la Federación Agraria y apoyado por su diario La Tierra, en febrero de 1975, en el gobierno de Isabel Perón. Las otras organizaciones patronales del campo –Sociedad Rural, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas– repudiaron las acciones de protesta. También Carbap, a través de su titular, Jorge Aguado, tuvo palabras muy duras contra el citado movimiento. Más tarde, en septiembre, del mismo año, sí, la Federación Agraria se plegó al movimiento de reivindicaciones de las Confederaciones Rurales Argentinas, a la que pertenece Carbap. Por lo que el periódico El Auténtico dirá: “La falta de una adecuada política económica tendiente a garantizar el precio de las cosechas, que hace que los pequeños y medianos productores queden a merced de los grandes monopolios exportadores, explica la decisión de la Federación Agraria de plegarse a una huelga hegemonizada totalmente por la más rancia oligarquía”. Hace treinta y tres años.

El diario La Prensa, por supuesto, apoyó el movimiento de la oligarquía del campo señalando que “De hecho, los gobiernos han mantenido una incoherencia sistemática respecto de la agricultura... que puede expresarse como desprecio por la merecida consideración de esa actividad productiva en el conjunto de los intereses nacionales”. Intereses nacionales.

La verdadera solución llegará cuando se lleve la verdadera democracia a la tierra. Ni terratenientes ni siervos. Que la alimentación de las ciudades no dependa de un triunvirato todopoderoso de los dueños de la tierra. Ojalá que la Iglesia Católica tome como modelo al obispo Angelelli, aquel que dijo en el púlpito, en ocasión de la muerte de un leñador y después de ver con sus propios ojos cómo sus compañeros llevaban el cuerpo sin vida sobre los hombros y lo enterraron así porque no les alcanzaba el dinero para comprar un ataúd: “En qué país vivimos que ni siquiera los leñadores pueden lograr la madera que abrace y contenga a sus seres queridos a la hora de la muerte”.

Al día siguiente, Angelelli yacía sin vida tirado en el suelo de una tierra por la que tanto luchó. Realidades constantes.
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