Era el invierno de 1976. La Argentina, que ya había vivido varios años de lucha armada entre las organizaciones insurgentes y las fuerzas militares del Estado, ingresaba de lleno en un baño de sangre, que un cuarto de siglo después sigue dejando secuelas de dolor y de lágrimas.
Una noche fría de ese tiempo ingrato, la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, nos sorprendió con el relato de la adopción de sus hijos. Había también lágrimas, muchas lágrimas, en sus ojos, pero correspondían a las emociones que despierta la alegría.
El relato incluía la forma en que esas criaturas habían llegado a sus brazos. Un bebe tenía una hermosa sonrisa y el otro no paraba de llorar, decía. Incluía, también, los farragosos trámites de la adopción entre jueces, médicos y abogados.
Más de 25 años después, la señora de Noble sigue llorando por esos hijos. Su detención dispara una primera injusticia: una madre no debería ser detenida sólo por serlo. Sea cual fuere el antecedente biológico de sus hijos, lo cierto es que los crió con la devoción y el cariño de una madre.
No hay delito si no se fue partícipe o cómplice por acción o por omisión del hecho. El contexto de 1976 no era el de hoy. Aun las personas que luego formarían la trágica saga de desaparecidos, en aquel año no eran consideradas como tales por ningún argentino que no estuviera en el corazón del poder militar.
El caso de los niños desaparecidos tardó más de una década en aparecer como un conflicto de proporciones. Incluso, en el juicio a las juntas militares, en 1985, la Cámara que juzgó a los primeros comandantes de la dictadura no encontró pruebas ni argumentos para resolver sobre esa cuestión.
Se creía entonces -y se creyó durante mucho tiempo- que el secuestro de bebes era un fenómeno aislado, aunque la historia posterior encontró las huellas de un plan sistemático. Pero todo eso era ignorado por todos en 1976.
El universo tiene muchos matices: ¿por qué dar por supuesto que todos los niños adoptados en 1976 eran hijos de personas desaparecidas? ¿Por qué no creer en la palabra de una madre que relató siempre las características normales de una adopción? ¿Por qué someterla a semejante vejación, como la que sufre actualmente la directora de Clarín, sin haber agotado -y ni siquiera iniciado- las instancias judiciales para conseguir su testimonio?
El caso cobra especial relieve cuando la República está sometida a las decisiones de jueces que actúan como dirigentes políticos o que resuelven bajo protección política. Tampoco puede dejarse de lado la campaña pública que hubo durante más de 10 años sobre los hijos de Noble, que respondió siempre a claros objetivos políticos.
Por eso, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó siempre extrema prudencia y cautela para el tratamiento de este caso. Supo que ella y su organización habían sido colocadas en un lugar muy complejo, entre la búsqueda de la verdad y el interés de oscuros proyectos políticos.
Ya en 1997, la actual candidata presidencial Elisa Carrió, entonces presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, rechazó de plano un pedido de juicio político contra el ex juez Adolfo Bagnasco por esta causa. Se lo acusaba al magistrado de haber demorado la investigación. Carrió reclamó, antes de tomar la decisión, el testimonio personal y reservado de varias personas (entre ellas, la de quien esto escribe).
Otro aspecto del caso es el polémico y cuestionado juez, Roberto Marquevich, sometido él mismo a una investigación en su momento por sus supuestos vínculos con el empresario muerto Alfredo Yabrán. Marquevich sostuvo siempre, por ejemplo, la tesis del increíble suicidio del brigadier Rodolfo Etchegoyen, cuando su familia sigue asegurando que se trató de un crimen que el magistrado nunca investigó.
El contexto actual indica, más bien, la presencia de un ensañamiento contra la prensa independiente que de actos de justicia.
Campañas públicas recientes en revistas y en panfletos callejeros (de las que LA NACION ha sido víctima, insistentemente, en los últimos tiempos) señalan que la sistemática destrucción de las instituciones argentinas podría incluir ahora también el objetivo de herir a la prensa independiente, una de las últimas instituciones que quedan en pie.
En el actual desierto institucional, la ausencia de la prensa libre podría condenar al país al vacío de un destino.
La calumnia sistemática y la desinformación deliberada contra LA NACIÓN y la vejación inadmisible a la señora de Noble han roto fronteras, han destruido límites sutiles de las formas democráticas, que serán tan difíciles como imprescindibles de reconstruir.
no les da ternura el amigo de bussi.....
ok.ya se que no.
que viva la libertad de impresión.
publicado el 13/3/2009, en éste blog.
