viernes, 19 de octubre de 2012
viernes, 12 de octubre de 2012
jueves, 11 de octubre de 2012
viernes, 5 de octubre de 2012
domingo, 30 de septiembre de 2012
Un hombre llamado Garganta Por Ricardo Ragendorfer.
Hace medio siglo, el crimen de la adolescente
Norma Penjerek, encontrada sin vida en un baldío el 15 de julio de
1962, sacudió al espíritu público. Ella había desaparecido nueve semanas
antes en alguna calle del barrio de Flores. Sobre el asunto se
consideraron hasta las hipótesis más descabelladas. El caso ocupó por
meses las portadas de los diarios. Pero quedó impune por el empeño de
los investigadores en involucrar al comerciante Pedro Veccio, cuyo
perfil fiestero facilitaba la intención. El tipo nada tuvo que ver. Aun
así, el juez lo conservó en la cárcel hasta abril de 1965. Se trataba
del doctor Alberto Garganta.
A fines de 2010, el cuádruple crimen de La Plata sacudió al espíritu público. Las víctimas –Bárbara Santos, su madre, Susana de Bárttole, su hija, Micaela, y la amiga Marisol Pereyra– habían muerto a golpes y cuchillazos en una casa del barrio La Loma durante la noche del 27 de noviembre. Fue notable la obstinación de los instructores por involucrar a Osvaldo Karateca Martínez. Sin pruebas, el fiscal lo tuvo preso por seis meses. Se trataba del doctor Álvaro Garganta, hijo de don Alberto. Cosas de la genética. Y de la historia judicial argentina.
Martínez fue liberado el 26 de septiembre por orden de la Cámara platense. Un golpe para el juez de garantías Guillermo Atencio y el propio Garganta, cuya labor fue descripta de manera lapidaria en el fallo de la apelación. Quizás en tales circunstancias, el fiscal haya evocado a su colega Marcelo Tavolaro, a quien el caso Candela llevó a la cornisa.
Para la crónica roja, ambos fueron los episodios más taquilleros del año pasado, y sus recientes refucilos todavía encandilan al público. La pesquisa por el secuestro y muerte de la niña –acuñada con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes– no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de aquel crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. La pesquisa por la muerte de las cuatro mujeres –cuyo accidentado zigzagueo fue nutrido con una hipótesis antojadiza, pericias contradictorias, declarantes dudosos y el arresto de un inocente– exhibe motivaciones más difusas: la perseverancia del juez y el fiscal por confundir sus corazonadas con la realidad.
¿Hasta dónde una ensoñación obsesiva puede lanzar a individuos con formación universitaria y entrenamiento en la administración de la Justicia hacia el ejercicio del delito? El arresto arbitrario de inocentes es un delito. Y si con tal fin además se incurre en el ocultamiento de pruebas cruciales, el delito se agrava. Según el fallo de la Cámara, el dúo Atencio-Garganta habría cometido tales disfunciones, entre otras. Extraño. Ya que en el cuádruple crimen no subyace ningún negocio policial. Pero el armado de causas para forzar el falso esclarecimiento de un crimen suele tener una variada constelación de móviles: presiones políticas, urgencias mediáticas o simple ineptitud. El ya olvidado juez Hernán Bernasconi, por ejemplo, lo hacía por su ambición de ser ministro de Seguridad. Bien vale repasar la historia que lo marcó para siempre.
El 8 de octubre de 1996, una comisión de la Bonaerense irrumpió en el edificio de la Avenida del Libertador 3500. Guillermo Cóppola poseía un piso ahí. Y un jarrón. En su interior había 400 gramos de cocaína. Su pureza: siete por ciento. Una basura. Pero plantada por los uniformados. En simultáneo fueron detenidos el ex futbolista Alberto Tarantini, el RR.PP. de la noche porteña Héctor Yayo Cozza, y otras cinco personas. Era el show de Natalia Di Negri y Samantha Farjat. Y el de los extravagantes policías Daniel Diamante y Tony Gerace. Había que ver a Bernasconi, siempre bien dispuesto a la requisitoria de las cámaras.
“Obtuvimos información de una línea de cocaína y éxtasis vinculada a la esfera íntima de Cóppola. Entonces designé un agente encubierto que hizo un trabajo estupendo: se infiltró en el grupo, consiguió los números telefónicos de los involucrados y así obtuvimos casi mil horas de escuchas. Estamos ante una organización de narcotraficantes con posibles conexiones internacionales”, explicó Bernasconi luego de los arrestos, sin que se le moviera un solo músculo del rostro.
Al tiempo, una pesada nulidad aplastó ese expediente. Bernsconi fue sucesivamente apartado de la causa, destituido y procesado. Sus cómplices terminaron presos. Y él puso los pies en polvorosa. En enero de 2000 fue capturado por Interpol en Río de Janeiro y extraditado al país. Tras cumplir su condena en una cárcel federal, Bernasconi se extravió en las hendijas del anonimato.
Es cierto que la industria del ´garrón era ya por entonces un secreto a voces. Pero fue la primera vez que un engarronador serial terminaba expuesto ante la opinión pública en forma tan explícita.
Hubo otros. La jueza federal de Morón, Raquel Morris Dloogatz, supo ser una de las más conspicuas. Íntima del poderoso comisario MarioChorizo Rodríguez, supo proporcionarle talonarios enteros con órdenes de allanamiento rubricadas previamente, para así abortar delitos salidos de su imaginación. Se calcula en 200 las personas inocentes encarceladas por ella durante una década de fructífera labor. Morris Dloogatz tiene el dudoso mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura.
Hay más: la jueza de garantías de Quilmes, Adriana Mitzkin. Una pesquisa antológica de su cuño fue la que intentó esclarecer el secuestro y asesinato del comisario inspector Jorge Piazza durante una mañana estival de 2003. Fue en el estacionamiento de un supermercado de Avellaneda. Las cámaras de seguridad habían registrado el instante en el cual la víctima era arrastrada hacia una Traffic blanca, para ser luego fusilada en un baldío. En consecuencia, se detuvo al conductor de una Traffic blanca que, a la hora del hecho, circulaba por ese mismo lugar. Por cierto, no era el asesino sino un jubilado de 66 años que acababa de comprar unos kilos de asado. Éste aclaró su situación tras permanecer casi un año tras las rejas. Otra pesquisa suya fue la que intentó resolver el crimen de una mujer. Un verdulero encarcelado por ello porque las pericias efectuadas sobre la camioneta del imputado no pudieron diferenciar presuntos rastros de sangre con restos de tomate. La jueza Mitzkin fue la bastonera de ambos expedientes.
En un sistema judicial atravesado por el error inducido y la falta de control, Atencio y Garganta sólo son parte de una siniestra generalidad.
A fines de 2010, el cuádruple crimen de La Plata sacudió al espíritu público. Las víctimas –Bárbara Santos, su madre, Susana de Bárttole, su hija, Micaela, y la amiga Marisol Pereyra– habían muerto a golpes y cuchillazos en una casa del barrio La Loma durante la noche del 27 de noviembre. Fue notable la obstinación de los instructores por involucrar a Osvaldo Karateca Martínez. Sin pruebas, el fiscal lo tuvo preso por seis meses. Se trataba del doctor Álvaro Garganta, hijo de don Alberto. Cosas de la genética. Y de la historia judicial argentina.
Martínez fue liberado el 26 de septiembre por orden de la Cámara platense. Un golpe para el juez de garantías Guillermo Atencio y el propio Garganta, cuya labor fue descripta de manera lapidaria en el fallo de la apelación. Quizás en tales circunstancias, el fiscal haya evocado a su colega Marcelo Tavolaro, a quien el caso Candela llevó a la cornisa.
Para la crónica roja, ambos fueron los episodios más taquilleros del año pasado, y sus recientes refucilos todavía encandilan al público. La pesquisa por el secuestro y muerte de la niña –acuñada con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes– no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de aquel crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. La pesquisa por la muerte de las cuatro mujeres –cuyo accidentado zigzagueo fue nutrido con una hipótesis antojadiza, pericias contradictorias, declarantes dudosos y el arresto de un inocente– exhibe motivaciones más difusas: la perseverancia del juez y el fiscal por confundir sus corazonadas con la realidad.
¿Hasta dónde una ensoñación obsesiva puede lanzar a individuos con formación universitaria y entrenamiento en la administración de la Justicia hacia el ejercicio del delito? El arresto arbitrario de inocentes es un delito. Y si con tal fin además se incurre en el ocultamiento de pruebas cruciales, el delito se agrava. Según el fallo de la Cámara, el dúo Atencio-Garganta habría cometido tales disfunciones, entre otras. Extraño. Ya que en el cuádruple crimen no subyace ningún negocio policial. Pero el armado de causas para forzar el falso esclarecimiento de un crimen suele tener una variada constelación de móviles: presiones políticas, urgencias mediáticas o simple ineptitud. El ya olvidado juez Hernán Bernasconi, por ejemplo, lo hacía por su ambición de ser ministro de Seguridad. Bien vale repasar la historia que lo marcó para siempre.
El 8 de octubre de 1996, una comisión de la Bonaerense irrumpió en el edificio de la Avenida del Libertador 3500. Guillermo Cóppola poseía un piso ahí. Y un jarrón. En su interior había 400 gramos de cocaína. Su pureza: siete por ciento. Una basura. Pero plantada por los uniformados. En simultáneo fueron detenidos el ex futbolista Alberto Tarantini, el RR.PP. de la noche porteña Héctor Yayo Cozza, y otras cinco personas. Era el show de Natalia Di Negri y Samantha Farjat. Y el de los extravagantes policías Daniel Diamante y Tony Gerace. Había que ver a Bernasconi, siempre bien dispuesto a la requisitoria de las cámaras.
“Obtuvimos información de una línea de cocaína y éxtasis vinculada a la esfera íntima de Cóppola. Entonces designé un agente encubierto que hizo un trabajo estupendo: se infiltró en el grupo, consiguió los números telefónicos de los involucrados y así obtuvimos casi mil horas de escuchas. Estamos ante una organización de narcotraficantes con posibles conexiones internacionales”, explicó Bernasconi luego de los arrestos, sin que se le moviera un solo músculo del rostro.
Al tiempo, una pesada nulidad aplastó ese expediente. Bernsconi fue sucesivamente apartado de la causa, destituido y procesado. Sus cómplices terminaron presos. Y él puso los pies en polvorosa. En enero de 2000 fue capturado por Interpol en Río de Janeiro y extraditado al país. Tras cumplir su condena en una cárcel federal, Bernasconi se extravió en las hendijas del anonimato.
Es cierto que la industria del ´garrón era ya por entonces un secreto a voces. Pero fue la primera vez que un engarronador serial terminaba expuesto ante la opinión pública en forma tan explícita.
Hubo otros. La jueza federal de Morón, Raquel Morris Dloogatz, supo ser una de las más conspicuas. Íntima del poderoso comisario MarioChorizo Rodríguez, supo proporcionarle talonarios enteros con órdenes de allanamiento rubricadas previamente, para así abortar delitos salidos de su imaginación. Se calcula en 200 las personas inocentes encarceladas por ella durante una década de fructífera labor. Morris Dloogatz tiene el dudoso mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura.
Hay más: la jueza de garantías de Quilmes, Adriana Mitzkin. Una pesquisa antológica de su cuño fue la que intentó esclarecer el secuestro y asesinato del comisario inspector Jorge Piazza durante una mañana estival de 2003. Fue en el estacionamiento de un supermercado de Avellaneda. Las cámaras de seguridad habían registrado el instante en el cual la víctima era arrastrada hacia una Traffic blanca, para ser luego fusilada en un baldío. En consecuencia, se detuvo al conductor de una Traffic blanca que, a la hora del hecho, circulaba por ese mismo lugar. Por cierto, no era el asesino sino un jubilado de 66 años que acababa de comprar unos kilos de asado. Éste aclaró su situación tras permanecer casi un año tras las rejas. Otra pesquisa suya fue la que intentó resolver el crimen de una mujer. Un verdulero encarcelado por ello porque las pericias efectuadas sobre la camioneta del imputado no pudieron diferenciar presuntos rastros de sangre con restos de tomate. La jueza Mitzkin fue la bastonera de ambos expedientes.
En un sistema judicial atravesado por el error inducido y la falta de control, Atencio y Garganta sólo son parte de una siniestra generalidad.
sábado, 15 de septiembre de 2012
martes, 11 de septiembre de 2012
domingo, 19 de agosto de 2012
Los hitos de una carrera política meteórica, Por Ricardo Ragendorfer
Durante la madrugada del 15 de mayo de 1986 hubo un incendio que fue
calificado por los diarios de "dantesco" en el edificio de Avenida
Callao 2014, del barrio de Recoleta. El fuego se inició en una suerte de
cabaña construida ilegalmente en el patio trasero de un departamento
del noveno piso. La joven pareja que lo habitaba pudo saltar en baby
doll y pijama a un balcón lindante. Ella se quebró un tobillo; él tosía
monóxido de carbono. La noche anterior, tras un asado con amigos, fueron
a dormir sin extinguir del todo las brasas. Ahora estaba a la vista el
efecto de tal descuido. Las llamas ya envolvían las plantas superiores.
Otros vecinos –algunos en paños menores– evacuaban de manera atropellada
el lugar. Y en el ascensor yacía el cadáver chamuscado del portero. En
aquellas circunstancias, el hombre del pijama, al ser subido a una
ambulancia en estado de shock, de pronto, abrió los párpados para decir:
"¡Mi Rolex! ¡Busquen mi Rolex!" Luego, se desvaneció. Era Daniel
Scioli.
Por entonces, a los 29 años, él ya poseía una módica celebridad debido a
una extravagancia deportiva: la motonáutica. Sus hazañas semanales como
piloto de lancha, en la clase 6L del Offshore, se transmitían desde un
helicóptero por Canal 9. Aquella atractiva vidriera hizo que la
pinturería Alba patrocinara su campaña sin fijarse en gastos. Tanto es
así que hasta repatrió de Nueva York al maestro Pérez Celis para decorar
–por 10 mil dólares– el catamarán del campeón. Su pincel dejó sobre la
carrocería una muy vistosa llamarada roja y amarilla.
Esa misma nave lo llevó a plantarse de cara ante la muerte, luego de que
una ola producida por un buque petrolero le hiciera volar por el aire
para caer de refilón sobre su brazo. Ocurrió el 4 de diciembre de 1989
en el río Paraná, a la altura de Rosario, durante una competencia
internacional. Scioli, entonces, fue trasladado con desesperante premura
a un quirófano, mientras en el río aún se buscaba el brazo con miras a
un implante. Tal vez, en estado de shock, Scioli haya evocado la
llamarada del maestro Pérez Celis. Es que, de pronto, abrió los párpados
para decir: "¡La carrocería! ¡Busquen la carrocería!" Luego, se
desvaneció.
No es una exageración alegar que Scioli hizo del infortunio su
fortaleza. Tal cualidad, en el campo de la motonáutica, se tradujo en el
logro consecutivo de ocho títulos mundiales. Su arribo a las movedizas
arenas de la política –vista por algunos con desdén– no fue menos
meteórica: entre 1997 y la actualidad fue diputado nacional por el PJ,
secretario de Deportes y Turismo durante el interinato de Eduardo
Duhalde y, ya en la era kirchnerista, vicepresidente de la Nación y
gobernador reelecto de Buenos Aires. Al cabo de semejante travesía, su
imagen aún es saludable. Él cree que ello se debe a su filosa cruzada
contra la inseguridad.
Su apego a esa lucha se vislumbra, incluso, en sus actos más casuales.
Como –el 26 de junio– cuando dijo: "Yo a las cosas las hago así, con
naturalidad." Se refería a la jornada futbolera compartida en su quinta
de Tigre con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Lo notable es que el
gobernador abordó aquel tema nada menos que en un allanamiento. La
policía había desbaratado una pequeña gavilla que traficaba neumáticos
robados. Y él estaba allí, en un aguantadero de Avellaneda, para dar
cuenta de ello. Pero hablaba sobre asuntos políticos de coyuntura. A su
lado, el superministro Ricardo Casal sonreía.
Una semana después se entregó a la requisitoria periodística, para
afirmar: "Esto nos obliga exigir a los jueces el máximo control de las
excarcelaciones." Se refería al crimen en Cañuelas de los hermanos
verduleros, supuestamente en manos de un ex presidiario con ansias de
venganza. Lo notable fue que el gobernador abordó ese tema en medio de
la crisis por la deuda de aguinaldos a los estatales bonaerenses. Al
respecto, ese día suscribió un drástico recorte del gasto público. Pero
hablaba sobre sus ensoñaciones punitivas. A su lado, el superministro
Casal sonreía.
Resulta curioso cómo se fueron encadenando las cosas. Luego del incendio
de 1987, Scioli recurrió al joven abogado Joaquín Da Rocha para
conjurar las demandas judiciales por el asunto. La defensa fue exitosa. Y
también fue el comienzo de una gran amistad. Dos décadas después, al
ser Scioli elegido en la provincia, Da Rocha era procurador del Tesoro
de la Nación. El flamante gobernador lo tentaría con el Ministerio de
Justicia. Pero Da Rocha declinó el ofrecimiento. Y sugirió a Ricardo
Casal, un oscuro ex alcaide penitenciario con diploma de abogado. Nadie
imaginaba que aquel hombre sería su ministro preferido, su brazo derecho
y el fetiche de su gestión. Una gestión cifrada en una presunta guerra
contra el delito urbano.
Los resultados están a la vista. Sólo en los últimos días, la separación
de la Bonaerense del caso Candela –considerado la mayor estafa
jurídico-policial de la década– y la difusión pública de imágenes sobre
torturas a un preso de la Unidad 32 son apenas postales de un
inframundo. Las estadísticas –también difundidas esta semana en el
informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria– cuentan el
resto: en 2011 hubo 129 muertes violentas en las 54 cárceles del
Servicio Penitenciario Bonaerense, además de 7089 denuncias por
violaciones a los Derechos Humanos, que incluyen maltratos y torturas.
Del otro lado de las rejas, en el vasto territorio provincial, los
episodios de gatillo fácil aportaron ese año 133 cadáveres, sobre 241 en
todo el país.
"Hay que controlar las excarcelaciones", repite el gobernador. A su lado, el superministro sonríe.
martes, 26 de junio de 2012
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