Néstor Kirchner, la película de Adrián Caetano

Patas negras.

Por Ricardo: Los comisarios retirados de la Bonaerense Alberto Sobrado y Luis Vicat son dos almas contrapuestas. El primero supo ser un apreciado cuadro entre los oficiales de la línea dura y fue puesto al frente de la fuerza en agosto de 2002. El otro, especializado en seguridad bancaria, era un uniformado atípico y encabezó desde octubre de 1996 –luego del escandaloso desplazamiento del comisario Pedro Klodczyk– el Área Especial de la Secretaría de Seguridad, encargada de investigar a los altos dignatarios de la "Maldita Policía", algo que sus camaradas jamás le perdonaron. Ahora sus nombres han vuelto a cobrar notoriedad: Sobrado acaba de ser beneficiado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 1 de La Plata con una increíble absolución en una causa por enriquecimiento ilícito, mientras, en esa misma ciudad, el TOC Nº 3 comenzaba a juzgar a Vicat por malversación de fondos públicos, en un proceso cuyo taquígrafo bien hubiera podido ser el mismísimo Franz Kafka. Situaciones diferentes, por cierto, pero con un mismo denominador común: el oscuro vínculo entre la justicia de la provincia y la corporación policial. En el banquillo de los acusados, Sobrado lucía una expresión impasible. Con algunos kilos de más y gruesas gafas de lectura, costaba reconocer en su figura a quien, diez años antes, había sido el máximo jefe de la díscola Bonaerense. De hecho, a los 45 años, fue el oficial más joven de la historia en llegar a ese cargo, durante la gobernación de Felipe Solá. Ya entonces despertaba pasiones que oscilaban entre la fascinación y una tenue desconfianza. Hombre de buena presencia, modales afables y conversación florida, se las ingenió para encantar por igual al influyente Juanjo Álvarez –en ese entonces, ministro de Seguridad de la Nación– y al senador provincial Horacio Román, el cacique duhaldista de Morón que desde la Comisión de Seguridad de la Legislatura platense fue el gran operador entre la Bonaerense y el poder político de turno. De modo que, bajo su amparo, Sobrado transitó la etapa más intensa de su carrera en la Departamental Morón. Allí se vio involucrado en la evasión de un detenido, previo pago de 10 mil dólares y en dádivas a sus oficiales, quienes fichaban por "averiguación de antecedentes" a personas detenidas por delitos graves. El arribo de Sobrado a la cúspide de la fuerza contó con el beneplácito del comisariato. Pero su caída en 2003 fue estrepitosa, y sucedió cuando la revista Veintitrés puso al descubierto una transferencia bancaria no declarada por 300 mil dólares hacia una cuenta a su nombre. A continuación, saltaría a la luz que Sobrado poseía cuentas en bancos de las islas Caimán por casi 2 millones. Ese es el motivo por el cual desde el 6 de marzo de 2013 –a sólo diez días de prescribir el expediente– fue juzgado en La Plata por el TOC Nº 1. Sobrado aseguró haber heredado de sus padres tres hoteles capitalinos, un autoservicio, dos departamentos, dos fincas en el Conurbano y una propiedad en General Belgrano, junto con 460 mil dólares y tres cuentas en la Comisión Nacional de Valores por la compra de acciones. Extrañamente, en los diez años que duró el proceso penal, la pesquisa no pudo detectar el origen ni los movimientos de los fondos que poseía Sobrado en sus cuentas bancarias. Al respecto, los peritos explicaron: "No hay información continua que proyecte sus variaciones económicas." Ello bastó para que el tribunal –integrado por Lidia Moro, Samuel Saravi Paz y Guillermo Lambombarda– lo absolviera por el beneficio de la duda. Al oír el veredicto, Sobrado conservaba su expresión impasible. Vicat –ahora abogado y consultor periodístico– seguía no sin curiosidad a través de los medios el juicio a Sobrado, cuando, en el primer sábado de marzo, recibió la llamada de un cronista amigo. "Me enteré que en unos días arranca tu juicio oral", fueron sus exactas palabras. A Vicat le costó entender a lo que su interlocutor se refería. El tipo parece escapado de una novela de Alejandro Dumas: su mirada algo melancólica, rematada por un tupido bigote de mosquetero, le confiere un gesto ambiguo, entre amargo y divertido. De su pasado policial, se lo recuerda por un trepidante episodio: el allanamiento –a fines de 1996– de la Comisaría 1ª de Avellaneda, un bastión del comisario Mario "Chorizo" Rodríguez, el delfín más peligroso de Klodczyk. En tales circunstancias, el jefe de aquella seccional, comisario Fausto Cabello, se hallaba enfrente, de espaldas a la dependencia, conversando con un narco que acababa de entregarle un ladrillo de cocaína. Este, de pronto, enarcó las cejas al ver a los hombres de Vicat, que corrían en sincronía y con fusiles automáticos hacia la sede policial. En ese instante, apuntó una pistola sobre los genitales del tembloroso comisario, recriminándole: "¡Hijo de puta, me entregaste!" La respuesta fue: "¡Vos estás loco!" El narco bajó el arma, y dijo: "Entonces, boludo, te están tomando la comisaría." El policía volteó la mirada, antes de correr con premura a su lugar de trabajo. El sitio fue tomado por Vicat sin derramamiento de sangre. Ahora, a casi 17 años de ello, Vicat volvió a oír a través del auricular: "En unos días arranca tu juicio oral." Y le vino a la mente una añeja situación. En noviembre de 1998 –a casi un año de su retiro– un custodio de su estudio jurídico recibió en su ausencia una caja con papeles de una causa judicial contra un ex subalterno. Al día siguiente, la no deseada tenencia de aquella documentación por parte de Vicat hizo que –después de una presunta denuncia anónima– una comisión policial irrumpiera en el lugar. Allí, además de esa caja, fue secuestrada documentación de pesquisas en las que intervino Vicat y 129 mil pesos, fruto de un negocio privado. Todas las acusaciones al respecto –espionaje, abuso de autoridad, asociación ilícita– fueron desplomándose o prescribiendo, menos la de malversación de caudales públicos, delito sobre el cual se atribuía la suma incautada. Debido a ello, Vicat está ahora en el banquillo de los acusados. Él cree que ello es un "vuelto" por comentarios suyos vertidos en los medios sobre la actual cúpula de la mazorca provincial. Mientras tanto, los integrantes del TOC Nº 3 –Ernesto Domenech, Liliana Torresi y Florencia Butiérrez– asimilan con suma incomodidad el desesperado esfuerzo de la fiscal Victoria Huergo por probar el origen ilegal de los billetes hallados en el estudio de Vicat. Ya se sabe que, a semejanza de algunos arrabales, ciertas zonas de la justicia son tierra de nadie.

Medios o enteros¿? Miserias de la criminología mediática

Por Ricardo Ragendorfer: Esas imágenes tomadas a casi 100 metros de distancia poseían una confusa vocación narrativa. De hecho, no era imposible confundirlas con las de la serie norteamericana CSI: Crime Scene Investigation: peritos con chalecos de la Policía Científica revoloteando en torno a un auto celeste, bajo la mirada de funcionarios judiciales y testigos. ¿Buscaban pistas de algún asesino serial? No era así. En realidad, se trataba de la pesquisa sobre un accidente de tránsito. El trabajo de los especialistas –que transcurrió durante la tarde del 26 de febrero en una calle de tierra aledaña a la Comisaría 5ª de Pilar– fue televisado en vivo por todas las señales de noticias, en medio de una notable expectativa. Desde las pantallas no se hablaba de otra cosa. Lo cierto es que el asunto había tenido un promisorio despertar ante la opinión pública y un no menos significativo desarrollo. La primera información acerca de la muerte del vigilador Reinaldo Rodas, cuya bicicleta fue embestida desde atrás por un Peugeot 504 en la madrugada del 17 de febrero, se refería a un conductor anónimo que atravesó 18 kilómetros de la autopista Panamericana, hasta el peaje de Tortuguitas, con el cadáver sobre el capó del vehículo. Y –al parecer– sin darse cuenta de ello. Sólo el carácter tétrico de semejante circunstancia justificaba su despliegue en la prensa. Con el paso de las horas, tal versión cayó en la nada. Pero la espectacularidad del caso se mantuvo al trascender la filiación del automovilista: Pablo García, hijo del periodista Eduardo Aliverti. En ese instante, el accidente en sí fue relegado a un segundo plano para dar paso a la construcción de un ogro público. Un ogro con más de un gramo de alcohol en la sangre, cuya responsabilidad en lo ocurrido también sería extensiva a su progenitor. La criminología mediática no perdona. Ahora, en la tarde de aquel martes, mientras los peritos trabajaban sobre el auto celeste, los movileros competían con efímeras primicias: "García tenía vencido el registro", reveló el de TN. "El Peugeot estaba a nombre del propio Aliverti", acotaría el de C5N. Estas palabras bastaron para que el animador del segmento, Eduardo Feinmann hostigara a Aliverti sin piedad. Otros comunicadores lo imitarían con creces. En paralelo, una guardia fotográfica del diario Perfil acechaba en la puerta de su domicilio La criminología mediática había pasado a la acción. Y, como suele ocurrir en estos casos, muchas personalidades públicas no se privaron de expresar su opinión al respecto. Entre ellos, Mauricio Macri, quien aprovechó la ocasión para ponderar uno de los logros de su gestión: las bicisendas. "Nuestra idea fue que la gente se anime a ir en bicicleta sin miedo a sufrir un accidente fatal", dijo, con un tono increíblemente grave. Tal vez en ese instante su mente haya retrocedido hasta la madrugada del 5 de marzo de 1999. En esa oportunidad, Macri –quien aún era presidente de Boca– regresaba de una fiesta organizada por un grupo de socios del club en la ciudad de Chacabuco, a 200 kilómetros de la Capital. Iba a bordo de un Peugeot 406 de su propiedad, junto al chofer Carlos Alberdi y los jugadores Martín Palermo y Diego Cagna. Los seguía el vehículo de la custodia. Minutos antes de las dos de la mañana, Paula González, de 14 años, y Marta Grunewald, de 16, volvían a sus casas luego de salir de un local de comidas rápidas situado en la localidad de Moreno. En tales circunstancias, cruzaron en una bicicleta la Autopista del Oeste. Macri, de pronto, pegó un grito. En ese preciso instante, la bicicleta cayó sobre el capot. Las astillas del parabrisas llovían sobre los ocupantes del auto. Y las dos adolescentes volaban hacia los costados. Un testigo –el dueño de una pizzería cercana– aseguraría que Macri bajó del vehículo por la puerta del conductor. Lo cierto es que, tras impartir breves instrucciones al chofer, partió junto a sus acompañantes en el rodado de los custodios. Alberdi, con una expresión demudada, quedó con las chicas que yacían sobre el pavimento. Después se acercó el pizzero. Y Macri, ya en la Capital, se haría un chequeo médico en el Hospital Italiano. En tanto, Marta y Paula fueron llevadas a un hospital de Moreno. La primera sólo tenía una fractura de pelvis; la otra agonizaba. El chofer se hizo cargo del accidente. El caso sería instruido por la fiscal de Mercedes, Miriam Rodríguez. Por consejo de su padre, Mauricio visitó a las dos chicas internadas. Además se ofreció a costear los gastos médicos. Ello causaría una excelente impresión en la progenitora de Marta, quien no dudó en decir: "El señor es una buena persona, y le agradezco que haya venido para hablar conmigo. Mi hija me pide perdón a cada rato por haber andado en bicicleta en esa zona; ella sabía que no se podía." A los dos días, Macri fue anoticiado sobre la muerte de Paula. Visiblemente afectado, voló a París para participar en una reunión de jóvenes sobresalientes. A casi 14 años del trágico hecho, la doctora Rodríguez admitió que la causa fue archivada. "No hubo acusación", argumentaría. –¿Es cierto –como dijo el testigo– que Macri era el que manejaba? –quiso saber Tiempo Argentino. La respuesta fue: –El testigo luego se desdijo. Y la cuestión quedó en la nada. Ya se sabe que, en algunos casos muy puntuales, la criminología mediática se declara incompetente.

Hola ABC.

Con ustedes el vocero de la oposición.

JJJJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Pará todas y todos: Néstor Kirchner la Película.

Agustín Tosco - Grito de Piedra (Documental)

Salud.

Habla al País Héctor Magnetto, 7D.

Gracias Néstor.

Simplemente: Gracias Néstor.

El estrepitoso ocaso de un emprendedor, Por Ricardo Ragendorfer

Los negocios secretos del jefe policial de Santa Fe sumieron a esa fuerza en una incertidumbre institucional sin precedentes. Durante la primera madrugada de 2012, más de cincuenta tiros sacudieron al barrio rosarino de Villa Moreno. En la canchita de la Asociación Oroño, tres cuerpos yacían sobre charcos de sangre. Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez militaban en el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Pero no fueron asesinados por ello sino por error. Con tal certeza se topó de modo tardío el tipo con chaleco antibala y ametralladora FMK3 que huyó de allí junto a otros cuatro sicarios. Era Sergio El Quemado Rodríguez, un alto dignatario de la hinchada de Newell’s que controlaba en ese arrabal la venta de droga. En realidad, sus balas eran para los soldados de su archienemigo, Ezequiel El Negro Villalba, al que buscaba con fines de venganza. Dos sábados después, El Quemado fue detenido en la localidad entrerriana de Santa Elena. Entonces, el aún flamante jefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Hugo Tognoli, se prestó a la requisitoria periodística. "Acá hay una guerra mafiosa", fueron sus exactas palabras. Desde entonces, dicho conflicto bélico se cobraría otros 24 cadáveres. Y también el destino del propio Tognoli, quien –al cierre de esta edición– es el prófugo más buscado del país. Una causa judicial –investigada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA)– lo señala como el máximo responsable de una red de protección al narcotráfico. Noticias de ayer. El gobernador socialista de la provincia, Antonio Bonfatti, tomó conocimiento del asunto en la mañana del viernes a través del diario Página/12. Al rato, su ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, convocó en su despacho a Tognoli. Y le sugirió dar un paso al costado “en resguardo de su persona y de la institución”. El comisario lucía desencajado, y su respuesta fue: “Ya escribí la renuncia”. El resto, un frío apretón de manos, antes de retirarse con rumbo desconocido. Lo cierto es que la investigación sobre sus actividades secretas era lapidaria. Por ejemplo, consignaba que policías que reportaban directamente a él se dedicaban a la custodia de una cadena de kioscos de cocaína. Eran unos cubículos de chapa atendidos por menores, quienes permanecían encerrados allí en turnos de 24 horas. Había policías que incluso eran los que traían la droga para reponer cuando se acababa. Además, en una causa de trata de mujeres, el dueño de un prostíbulo se comunicó con un comisario mayor para preguntar con quién debía arreglar la venta de cocaína en su local. La respuesta, por mensaje de texto, decía “directo con Tognoli; 30.000 pesos mensuales”. Un personaje excluyente en esta trama es Carlos El Vasco Ascaini, ya que el garante de su impunidad era justamente Tognoli. Cuando la PSA lo puso bajo la lupa, un policía le avisó que autos desconocidos lo estaban merodeando. La PSA allanaría su casa. Pero el único rastro que se encontró del Vasco fue un mate todavía caliente. Minutos antes, su dueño había puesto los pies en polvorosa. Alguien le avisó. Después se verificó que Tognoli había entrado con su clave personal al archivo del Registro de la Propiedad del Automotor para identificar los vehículos de la PSA que cercaban a Ascaini. En una entrevista telefónica concedida ya en la clandestinidad al diario rosarino La Capital, Tognoli argumentó que ese rastreo no fue hecho por él sino que corrió “por cuenta de un subalterno”. Quizás, al rato, el uniformado caído en desgracia haya visto por televisión la jura de su reemplazante, el comisario Cristián Sola. Éste había sido hasta entonces el subjefe de la fuerza y también su más acérrimo rival. De hecho, la convivencia de ambos estaba cifrada en un vidrioso equilibrio: Sola tenía el manejo de Drogas Peligrosas, de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y de la División de Trata de Personas en el sur de Santa Fe, mientras Tognoli poseía el control de la estructura policial asentada en el norte de la provincia. Aquella división territorial fue motivo de una feroz interna entre el Comando Radioeléctrico y Drogas Peligrosas. De semejante desinteligencia fue víctima el narco Ignacio Actis Caporale, más conocido como Ojito. Este muchacho de 24 años distribuye polvillo blanco en algunos barrios del sur de Rosario con una flota de diez vehículos de su propiedad. En uno de éstos, un Audi, fue interceptado a comienzos de año por dos móviles del Comando Radioeléctrico. Tras un intenso tiroteo, Ojito logró fugar. No así, dos cómplices suyos, quienes terminaron en la comisaría 18ª. Una insólita negociación se produjo allí. Ojito quiso recuperar el Audi. Con ese propósito, acordó fraguar con los jefes de esa seccional un procedimiento según el cual los tres narcos aparecían como víctimas de un secuestro, del cual –siempre según la letra de aquella versión– fueron liberados por los policías. En las escuchas, Ojito habla de cambiar las patentes del Audi y para falsear así una venta. En abril, altos oficiales del Comando Radioeléctrico se enteraron de la existencia de La Cueva, un departamento que Actis tenía en Rosario. Allí guardaba abultadas sumas de dinero y una cantidad no menor de cocaína. Sin embargo, la información no derivó en un allanamiento sino en un asalto. Las escuchas demuestran que los policias desvalijaron el lugar. Al respecto, Actis tuvo una muy dolorosa certeza: el entregador del mencionado mejicaneo había sido uno de sus colaboradores más cercanos; nada menos que Leandro (a) El Pelado. Un móvil policial –del sector afín a Tognoli– capturó a Leandro al día siguiente del asalto. Lo subieron al baúl y lo llevaron a un galpón, en donde los secuaces de Ojito se hicieron cargo del traidor. Una escucha documenta ciertos detalles de su vía crucis: –Yo estoy acá en zona norte, en un galpón, con el Pelado –informa Ojito a un conocido –¿En serio? –Sí, tengo toda la remera llena de sangre mal, boludo. –¿Le pegaron mal? –Sí, le pegamos mal, le pegamos mal. –Está bien. Me parece fantástico. –Ahora nos vamos a tomar un champancito y después lo vamos a ir a tirar al río. En realidad, Actis fue benévolo: obligó al Pelado a que le pidiera perdón. Mientras esto sucedía, la banda fue hasta el domicilio del padre del Pelado y le exigió 500 mil pesos. Los investigadores suponen que la banda policial que robó en La Cueva tenía que poner el dinero del rescate y por eso pidieron semejante cantidad. Finalmente el padre negoció la entrega de un auto y así liberaron al Pelado. Ojito sigue prófugo hasta hoy. En cambio, la suerte de Tognoli ya está echada. Sobre él perdurará a través del tiempo el recuerdo de su estilo y la forma personalizada con la que intervenía en sus propios negocios. A diferencia, por caso, del perfil gerencial que exhibía el inolvidable jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyk, el tesón de Tognoli se asemejaba más bien al de un almacenero. En su descargo, el comisario prófugo dijo: “Pueden investigarme sin problemas. Mi esposa es hija única y vivimos en la casa de mi suegra. No tengo auto y uno de mis hijos tiene un Citroën usado que se compró con dinero que le regalaron sus abuelas. No tengo otros bienes y eso lo puedo demostrar”. Ese fue su último mensaje. Sus allegados aseguran que Tognoli está a punto de entregarse. Pero por ahora su paradero es uyn enigma.

Salud.

Lanata sin filtro.

La belleza es así.

Néstor en el corazón.

Ahora y siempre! Saludos.

Lula, Chávez y Malvinas.

Un hombre llamado Garganta Por Ricardo Ragendorfer.

Hace medio siglo, el crimen de la adolescente Norma Penjerek, encontrada sin vida en un baldío el 15 de julio de 1962, sacudió al espíritu público. Ella había desaparecido nueve semanas antes en alguna calle del barrio de Flores. Sobre el asunto se consideraron hasta las hipótesis más descabelladas. El caso ocupó por meses las portadas de los diarios. Pero quedó impune por el empeño de los investigadores en involucrar al comerciante Pedro Veccio, cuyo perfil fiestero facilitaba la intención. El tipo nada tuvo que ver. Aun así, el juez lo conservó en la cárcel hasta abril de 1965. Se trataba del doctor Alberto Garganta.
A fines de 2010, el cuádruple crimen de La Plata sacudió al espíritu público. Las víctimas –Bárbara Santos, su madre, Susana de Bárttole, su hija, Micaela, y la amiga Marisol Pereyra– habían muerto a golpes y cuchillazos en una casa del barrio La Loma durante la noche del 27 de noviembre. Fue notable la obstinación de los instructores por involucrar a Osvaldo Karateca Martínez. Sin pruebas, el fiscal lo tuvo preso por seis meses. Se trataba del doctor Álvaro Garganta, hijo de don Alberto. Cosas de la genética. Y de la historia judicial argentina.
Martínez fue liberado el 26 de septiembre por orden de la Cámara platense. Un golpe para el juez de garantías Guillermo Atencio y el propio Garganta, cuya labor fue descripta de manera lapidaria en el fallo de la apelación. Quizás en tales circunstancias, el fiscal haya evocado a su colega Marcelo Tavolaro, a quien el caso Candela llevó a la cornisa.
Para la crónica roja, ambos fueron los episodios más taquilleros del año pasado, y sus recientes refucilos todavía encandilan al público. La pesquisa por el secuestro y muerte de la niña –acuñada con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes– no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de aquel crimen, los negocios de los uniformados con el hampa. La pesquisa por la muerte de las cuatro mujeres –cuyo accidentado zigzagueo fue nutrido con una hipótesis antojadiza, pericias contradictorias, declarantes dudosos y el arresto de un inocente– exhibe motivaciones más difusas: la perseverancia del juez y el fiscal por confundir sus corazonadas con la realidad.
¿Hasta dónde una ensoñación obsesiva puede lanzar a individuos con formación universitaria y entrenamiento en la administración de la Justicia hacia el ejercicio del delito? El arresto arbitrario de inocentes es un delito. Y si con tal fin además se incurre en el ocultamiento de pruebas cruciales, el delito se agrava. Según el fallo de la Cámara, el dúo Atencio-Garganta habría cometido tales disfunciones, entre otras. Extraño. Ya que en el cuádruple crimen no subyace ningún negocio policial. Pero el armado de causas para forzar el falso esclarecimiento de un crimen suele tener una variada constelación de móviles: presiones políticas, urgencias mediáticas o simple ineptitud. El ya olvidado juez Hernán Bernasconi, por ejemplo, lo hacía por su ambición de ser ministro de Seguridad. Bien vale repasar la historia que lo marcó para siempre.
El 8 de octubre de 1996, una comisión de la Bonaerense irrumpió en el edificio de la Avenida del Libertador 3500. Guillermo Cóppola poseía un piso ahí. Y un jarrón. En su interior había 400 gramos de cocaína. Su pureza: siete por ciento. Una basura. Pero plantada por los uniformados. En simultáneo fueron detenidos el ex futbolista Alberto Tarantini, el RR.PP. de la noche porteña Héctor Yayo Cozza, y otras cinco personas. Era el show de Natalia Di Negri y Samantha Farjat. Y el de los extravagantes policías Daniel Diamante y Tony Gerace. Había que ver a Bernasconi, siempre bien dispuesto a la requisitoria de las cámaras.
“Obtuvimos información de una línea de cocaína y éxtasis vinculada a la esfera íntima de Cóppola. Entonces designé un agente encubierto que hizo un trabajo estupendo: se infiltró en el grupo, consiguió los números telefónicos de los involucrados y así obtuvimos casi mil horas de escuchas. Estamos ante una organización de narcotraficantes con posibles conexiones internacionales”, explicó Bernasconi luego de los arrestos, sin que se le moviera un solo músculo del rostro.
Al tiempo, una pesada nulidad aplastó ese expediente. Bernsconi fue sucesivamente apartado de la causa, destituido y procesado. Sus cómplices terminaron presos. Y él puso los pies en polvorosa. En enero de 2000 fue capturado por Interpol en Río de Janeiro y extraditado al país. Tras cumplir su condena en una cárcel federal, Bernasconi se extravió en las hendijas del anonimato.
Es cierto que la industria del ´garrón era ya por entonces un secreto a voces. Pero fue la primera vez que un engarronador serial terminaba expuesto ante la opinión pública en forma tan explícita.
Hubo otros. La jueza federal de Morón, Raquel Morris Dloogatz, supo ser una de las más conspicuas. Íntima del poderoso comisario MarioChorizo Rodríguez, supo proporcionarle talonarios enteros con órdenes de allanamiento rubricadas previamente, para así abortar delitos salidos de su imaginación. Se calcula en 200 las personas inocentes encarceladas por ella durante una década de fructífera labor. Morris Dloogatz tiene el dudoso mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura.
Hay más: la jueza de garantías de Quilmes, Adriana Mitzkin. Una pesquisa antológica de su cuño fue la que intentó esclarecer el secuestro y asesinato del comisario inspector Jorge Piazza durante una mañana estival de 2003. Fue en el estacionamiento de un supermercado de Avellaneda. Las cámaras de seguridad habían registrado el instante en el cual la víctima era arrastrada hacia una Traffic blanca, para ser luego fusilada en un baldío. En consecuencia, se detuvo al conductor de una Traffic blanca que, a la hora del hecho, circulaba por ese mismo lugar. Por cierto, no era el asesino sino un jubilado de 66 años que acababa de comprar unos kilos de asado. Éste aclaró su situación tras permanecer casi un año tras las rejas. Otra pesquisa suya fue la que intentó resolver el crimen de una mujer. Un verdulero encarcelado por ello porque las pericias efectuadas sobre la camioneta del imputado no pudieron diferenciar presuntos rastros de sangre con restos de tomate. La jueza Mitzkin fue la bastonera de ambos expedientes.
En un sistema judicial atravesado por el error inducido y la falta de control, Atencio y Garganta sólo son parte de una siniestra generalidad.

La noche de lo lapices.

Amada inmortal, Beethoven

Los hitos de una carrera política meteórica, Por Ricardo Ragendorfer

Durante la madrugada del 15 de mayo de 1986 hubo un incendio que fue calificado por los diarios de "dantesco" en el edificio de Avenida Callao 2014, del barrio de Recoleta. El fuego se inició en una suerte de cabaña construida ilegalmente en el patio trasero de un departamento del noveno piso. La joven pareja que lo habitaba pudo saltar en baby doll y pijama a un balcón lindante. Ella se quebró un tobillo; él tosía monóxido de carbono. La noche anterior, tras un asado con amigos, fueron a dormir sin extinguir del todo las brasas. Ahora estaba a la vista el efecto de tal descuido. Las llamas ya envolvían las plantas superiores. Otros vecinos –algunos en paños menores– evacuaban de manera atropellada el lugar. Y en el ascensor yacía el cadáver chamuscado del portero. En aquellas circunstancias, el hombre del pijama, al ser subido a una ambulancia en estado de shock, de pronto, abrió los párpados para decir: "¡Mi Rolex! ¡Busquen mi Rolex!" Luego, se desvaneció. Era Daniel Scioli.
Por entonces, a los 29 años, él ya poseía una módica celebridad debido a una extravagancia deportiva: la motonáutica. Sus hazañas semanales como piloto de lancha, en la clase 6L del Offshore, se transmitían desde un helicóptero por Canal 9. Aquella atractiva vidriera hizo que la pinturería Alba patrocinara su campaña sin fijarse en gastos. Tanto es así que hasta repatrió de Nueva York al maestro Pérez Celis para decorar –por 10 mil dólares– el catamarán del campeón. Su pincel dejó sobre la carrocería una muy vistosa llamarada roja y amarilla.
Esa misma nave lo llevó a plantarse de cara ante la muerte, luego de que una ola producida por un buque petrolero le hiciera volar por el aire para caer de refilón sobre su brazo. Ocurrió el 4 de diciembre de 1989 en el río Paraná, a la altura de Rosario, durante una competencia internacional. Scioli, entonces, fue trasladado con desesperante premura a un quirófano, mientras en el río aún se buscaba el brazo con miras a un implante. Tal vez, en estado de shock, Scioli haya evocado la llamarada del maestro Pérez Celis. Es que, de pronto, abrió los párpados para decir: "¡La carrocería! ¡Busquen la carrocería!" Luego, se desvaneció.
No es una exageración alegar que Scioli hizo del infortunio su fortaleza. Tal cualidad, en el campo de la motonáutica, se tradujo en el logro consecutivo de ocho títulos mundiales. Su arribo a las movedizas arenas de la política –vista por algunos con desdén– no fue menos meteórica: entre 1997 y la actualidad fue diputado nacional por el PJ, secretario de Deportes y Turismo durante el interinato de Eduardo Duhalde y, ya en la era kirchnerista, vicepresidente de la Nación y gobernador reelecto de Buenos Aires. Al cabo de semejante travesía, su imagen aún es saludable. Él cree que ello se debe a su filosa cruzada contra la inseguridad.
Su apego a esa lucha se vislumbra, incluso, en sus actos más casuales. Como –el 26 de junio– cuando dijo: "Yo a las cosas las hago así, con naturalidad." Se refería a la jornada futbolera compartida en su quinta de Tigre con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Lo notable es que el gobernador abordó aquel tema nada menos que en un allanamiento. La policía había desbaratado una pequeña gavilla que traficaba neumáticos robados. Y él estaba allí, en un aguantadero de Avellaneda, para dar cuenta de ello. Pero hablaba sobre asuntos políticos de coyuntura. A su lado, el superministro Ricardo Casal sonreía.
Una semana después se entregó a la requisitoria periodística, para afirmar: "Esto nos obliga exigir a los jueces el máximo control de las excarcelaciones." Se refería al crimen en Cañuelas de los hermanos verduleros, supuestamente en manos de un ex presidiario con ansias de venganza. Lo notable fue que el gobernador abordó ese tema en medio de la crisis por la deuda de aguinaldos a los estatales bonaerenses. Al respecto, ese día suscribió un drástico recorte del gasto público. Pero hablaba sobre sus ensoñaciones punitivas. A su lado, el superministro Casal sonreía.
Resulta curioso cómo se fueron encadenando las cosas. Luego del incendio de 1987, Scioli recurrió al joven abogado Joaquín Da Rocha para conjurar las demandas judiciales por el asunto. La defensa fue exitosa. Y también fue el comienzo de una gran amistad. Dos décadas después, al ser Scioli elegido en la provincia, Da Rocha era procurador del Tesoro de la Nación. El flamante gobernador lo tentaría con el Ministerio de Justicia. Pero Da Rocha declinó el ofrecimiento. Y sugirió a Ricardo Casal, un oscuro ex alcaide penitenciario con diploma de abogado. Nadie imaginaba que aquel hombre sería su ministro preferido, su brazo derecho y el fetiche de su gestión. Una gestión cifrada en una presunta guerra contra el delito urbano.
Los resultados están a la vista. Sólo en los últimos días, la separación de la Bonaerense del caso Candela –considerado la mayor estafa jurídico-policial de la década– y la difusión pública de imágenes sobre torturas a un preso de la Unidad 32 son apenas postales de un inframundo. Las estadísticas –también difundidas esta semana en el informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria– cuentan el resto: en 2011 hubo 129 muertes violentas en las 54 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense, además de 7089 denuncias por violaciones a los Derechos Humanos, que incluyen maltratos y torturas. Del otro lado de las rejas, en el vasto territorio provincial, los episodios de gatillo fácil aportaron ese año 133 cadáveres, sobre 241 en todo el país.
"Hay que controlar las excarcelaciones", repite el gobernador. A su lado, el superministro sonríe.